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Desde 2025 está vigente en toda Colombia la Ley 2454, también llamada Ley Lorenzo, que regula el uso de perros en labores de seguridad, vigilancia privada y control vehicular. Su objetivo: mejorar el bienestar de estos animales y reducir su uso en tareas no esenciales.
Por Jenifer Osorio, Jefe de prensa ONG
Una de sus obligaciones clave: los conductores deben apagar el motor del vehículo durante inspecciones caninas, para proteger a los perros del ruido, vibración y calor, que les puede causar estrés o incluso quemaduras.
La sanción por incumplir: $711.750 pesos, equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales. La multa aplica a cualquier conductor en Colombia, sin excepciones. Además, las instituciones que emplean perros (Ejército, Policía, bomberos, Cruz Roja) deben garantizar condiciones seguras durante entrenamientos e inspecciones.
Un activista alza la voz: reacción de ONG
El activista Deiby Martínez Cortés, fundador de la ONG Protección Canina Mundial, expresó su respaldo a la ley y urgió a su cumplimiento efectivo:
“No es una norma simbólica: está en juego la salud y el respeto por la vida. Cada perro guarda a quienes nos cuidan. Los conductores y las entidades deben asumir esta responsabilidad sin excusas”, declaró Martínez Cortés.
Desde su organización proponen:
- Campañas de sensibilización dirigidas a conductores e instituciones que operan puntos de control.
- Monitoreo ciudadano para reportar incumplimientos.
- Gestión de talleres y materiales educativos en parques, TAG, redes sociales y plataformas de transporte.
- Exigir a las autoridades de tránsito y vigilancia controles constantes y sanciones reales, no solo en papel.
Análisis del impacto
La Ley Lorenzo representa un avance significativo en la protección animal en Colombia. No solo establece una regla técnica: apague el motor. También obliga a empresas e instituciones a implementar estándares de bienestar (registro de perros, tiempo de descanso, condiciones de jaulas, planes de retiro).
Sin embargo, como sucede con toda norma nueva, el reto está en la operatividad. Las multas pueden no bastar si no existe rigor en la inspección y sanción. Por eso, la participación activa de organizaciones como la ONG de Deiby es clave para que esto no quede en un papel sin aplicación.
La Ley Lorenzo simboliza un avance real en la protección de los perros en Colombia. Pero su impacto dependerá del compromiso ciudadano e institucional. Voces como la de Deiby Martínez Cortés están sumando esfuerzos para que estas normas se reflejen en bienestar real. Ahora es momento de pasar de la letra a la acción.
